Existe un mito peligroso que circula en muchas comunidades: la idea de que primero se resuelve el caso penal y, después, si acaso, uno se preocupa por la inmigración. Para un ciudadano, quizás. Para un inmigrante, ese orden puede costarle la residencia, la libertad o el derecho a permanecer en el país. La verdad que casi nadie le explica es que su caso penal y su caso migratorio no son dos problemas separados. Son uno solo y deben resolverse simultáneamente.
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Por qué el caso penal y el migratorio son un solo problema
Lo que ocurre en la corte penal puede determinar su futuro migratorio mucho antes de que un juez de inmigración revise su expediente. Una declaración de culpabilidad, incluso por un delito menor, puede servir de base para un proceso de deportación. Por eso, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Padilla contra Kentucky (2010), estableció que su abogado defensor tiene la obligación de advertirle sobre las consecuencias migratorias de declararse culpable. Cuando esas consecuencias son claras, el abogado debe explicárselas con claridad.
El problema es que no todos los abogados penales conocen a fondo la ley de inmigración y no todos los abogados de inmigración manejan casos penales. Cuando cada uno trabaja por su cuenta, las piezas no encajan y el inmigrante es quien paga el precio.
Las primeras semanas deciden más de lo que cree
En Maryland, un caso penal se mueve rápido. En cuestión de días usted enfrenta la primera audiencia, las decisiones sobre la fianza y, muchas veces, una primera oferta para llegar a un acuerdo. Esa oferta puede sonar tentadora: menos tiempo, menos costo, terminar con todo de una vez. Pero aceptar un acuerdo sin comprender sus efectos migratorios es uno de los errores más costosos que un inmigrante puede cometer.
Muchas de las decisiones que definen el caso se toman en esas primeras semanas, antes de que la mayoría de las personas siquiera entiendan bien de qué se les acusa. Por eso es fundamental contar con abogados criminalistas en Maryland desde la primera audiencia y no cuando el caso ya está por cerrarse. Un abogado que interviene a tiempo puede negociar los cargos, cuestionar la evidencia y, sobre todo, evitar que usted acepte un acuerdo que parece bueno en la corte penal, pero que desencadena una orden de deportación.
Cuando “Ganar” en la Corte Penal No Lo Salva de la Deportación
Aquí está la parte que sorprende a casi todos. Un resultado que parece favorable en la corte penal puede seguir destruyendo su caso migratorio, porque la ley de inmigración define la palabra “condena” de una forma mucho más amplia que la ley de Maryland.
El ejemplo más común es la llamada “Probation Before Judgment”, o PBJ. Bajo la ley de Maryland (Código de Procedimiento Penal, § 6-220), una PBJ no se considera una condena en su historial estatal. Sin embargo, para efectos migratorios federales, si usted se declaró culpable o admitió los hechos y el juez le impuso probación, eso sí puede contarse como una condena. Dicho de otro modo, algo que su abogado penal celebra como una victoria puede ser, ante inmigración, precisamente el disparador de su deportación.
Hay más trampas parecidas. Una sentencia de 365 días, aunque quede suspendida, puede convertir ciertos delitos en lo que la ley llama un “delito agravado”, con consecuencias migratorias severas y casi automáticas; una sentencia de apenas un día menos, 364 días, a veces evita ese resultado. Un acuerdo relacionado con drogas que incluya una declaración de culpabilidad puede hacerlo deportable aunque nunca pise la cárcel. Por eso, antes de aceptar cualquier disposición, incluso una que su abogado penal considere excelente, conviene que la revisen abogados de inmigración en Maryland. Ellos pueden identificar qué resultados lo dejan expuesto a la deportación y cuáles de verdad lo protegen.
Qué Significa Manejar Ambos Casos Juntos
Manejar el caso penal y el migratorio de forma conjunta no es un lujo, es la única estrategia que tiene sentido. En la práctica, significa varias cosas a la vez.
Significa negociar la sentencia teniendo en cuenta los umbrales de inmigración, por ejemplo, buscando 364 días en lugar de 365. Significa preferir, cuando es posible, alternativas que no requieran una declaración de culpabilidad, como ciertos programas de desvío previos al juicio. Significa evitar declararse culpable de delitos que la ley de inmigración sanciona con especial dureza, como los relacionados con drogas o los considerados delitos agravados. Y significa cuidar cada palabra del expediente, porque los detalles del acuerdo pueden marcar la diferencia entre quedarse y ser deportado.
Nada de esto se puede improvisar el día de la audiencia. Requiere que alguien analice, desde el principio, cómo cada decisión penal afecta su estatus.
No espere a que sea demasiado tarde
Si usted o un ser querido enfrenta cargos penales y no es ciudadano, el momento de actuar es ahora, no después de firmar un acuerdo. Reunir desde el inicio un equipo que entienda tanto la corte penal como la ley de inmigración es la mejor forma de proteger, a la vez, su libertad y su derecho a permanecer en el país. Lo que nadie le explica es esto: en su caso, la mejor defensa penal también es una defensa migratoria, y las dos tienen que caminar juntas desde el primer día.
